ARTÍCULO 2.- Solución de diferencias patrimoniales

Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación,

la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares,

para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible.

ARTÍCULO 3.- Convenios para solucionar conflictos

El acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener

lugar en cualquier momento, aun cuando haya proceso judicial pendiente.

Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y

esta se encuentre firme, los particulares pueden arreglar sus intereses en

conflicto por medio de convenios celebrados libremente.

CAPÍTULO II

DE LA CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN

ARTÍCULO 4.- Aplicación de principios y reglas

Los principios y las reglas establecidas para la conciliación

judicial o extrajudicial se aplicarán, igualmente, a la mediación judicial

o extrajudicial.

ARTÍCULO 5.- Libertad para mediación y conciliación

La mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas

libremente por los particulares, con las limitaciones que establece esta

ley.

Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo

acuerdo a las personas que fungirán como mediadores o conciliadores.

ARTÍCULO 6.- Propuesta de audiencia y designación de jueces

En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer

una audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de

la causa o un juez conciliador. La Corte Suprema de Justicia designará a

los jueces conciliadores, que requiera el servicio y les determinará las

facultades y responsabilidades.

ARTÍCULO 7.- Asistentes a la audiencia y acuerdo de partes

Para que se efectúe la audiencia de conciliación judicial, será

necesario que estén presentes el conciliador, las partes o sus apoderados,

y sus abogados si las partes solicitan, expresamente, su asistencia.

Si se produce un acuerdo entre las partes, total o parcial, el juez

conciliador deberá homologarlo dentro de los tres días siguientes a la

última audiencia de conciliación.

ARTÍCULO 8.- Conciliación parcial y continuación de proceso

Si la conciliación fuere parcial, se dictará, sin más trámite, una

resolución para poner fin al proceso, sobre los extremos en los que haya

habido acuerdo y, en cuanto a estos, será ejecutable en forma inmediata.

El proceso seguirá su curso normal en relación con los extremos en los que

no haya habido acuerdo.

ARTÍCULO 9.- Acuerdos judiciales y extrajudiciales

Los acuerdos de conciliación judiciales una vez homologados por el

juez, y los extrajudiciales, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada

material y serán ejecutorios en forma inmediata.

ARTÍCULO 10.- Recusación y responsabilidad del juez

El juez o conciliador judicial no será recusable por las opiniones o

propuestas que emita en la audiencia de conciliación, ni podrá

atribuírsele responsabilidad civil o penal por ese solo hecho.

ARTÍCULO 11.- Información del abogado asesor

El abogado que asesore, a una o más partes en un conflicto, tendrá el

deber de informar a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a

mecanismos alternos para solucionar disputas, tales como la mediación, la

conciliación y el arbitraje, cuando estos puedan resultar beneficiosos

para su cliente.

ARTÍCULO 12.- Requisitos de los acuerdos

Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o

conciliación, judicial o extrajudicial, deberán cumplir los siguientes

requisitos:

a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades.

b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances.

c) Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si

se aplica, el nombre de la institución para la cual trabajan.

d) Relación puntual de los acuerdos adoptados.

e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente,

indicar, expresamente, la institución que lo conoce, el número de

expediente y su estado actual y la mención de la voluntad de las partes de

concluir, parcial o totalmente, ese proceso.

f) El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que

ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego y les

ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses.

También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el

derecho que las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, con un

abogado antes de firmarlo.

g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del

mediador o conciliador.

h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán

notificaciones.

ARTÍCULO 13.- Deberes del conciliador

Son deberes del mediador o conciliador:

a) Mantener la imparcialidad hacia todas las partes involucradas.

b) Excusarse de intervenir, en los casos que le representen conflicto

de intereses.

c) Informar a las partes sobre el procedimiento de mediación o

conciliación, así como de las implicaciones legales de los acuerdos

conciliatorios.

d) Mantener la confidencialidad sobre lo actuado por las partes en el

procedimiento de mediación o conciliación y sobre los actos preparatorios

del acuerdo conciliatorio.

e) En los supuestos del artículo 369 del Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 14.- Secreto profesional

Es absolutamente confidencial el contenido de las actividades

preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo

conciliatorio. El mediador o conciliador no podrá revelar el contenido de

las discusiones ni los acuerdos parciales de las partes, en este sentido

se entiende que al mediador o conciliador le asiste el secreto

profesional.

Las partes no pueden relevar al mediador o conciliador de ese deber,

ni tendrá valor probatorio el testimonio o la confesión de las partes ni

de los mediadores sobre lo ocurrido o expresado en la audiencia o las

audiencias de mediación o conciliación, salvo si se trata de procesos

penales o civiles en los que se discuta la posible responsabilidad del

mediador o conciliador, o se trata de aclarar o interpretar los alcances

del acuerdo conciliatorio que se haya logrado concluir, con motivo de esas

audiencias.

Si se llegare a un acuerdo conciliatorio y se discutiere

judicialmente su eficacia o validez, el mediador o conciliador será

considerado testigo privilegiado del contenido del acuerdo y del proceso

con que se llegó a él.

ARTÍCULO 15.- Documentos públicos

Los documentos en los que consten los acuerdos logrados en procesos

de mediación o conciliación se considerarán públicos, en los siguientes

casos:

a) Si el acuerdo fuere producto de una conciliación judicial.

b) Si lo autorizare un mediador o conciliador de una oficina pública

del Estado, como parte de las funciones que se le han asignado dentro de

esa oficina o dependencia estatal.

c) Si lo autorizare un mediador o conciliador profesional, que sea

notario público o esté asistido por un notario público en forma

permanente, de lo cual quedará constancia en el documento y en el

protocolo del profesional indicado.

ARTÍCULO 16.- Inhabilitación del conciliador

Salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o conciliador

extrajudicial, queda inhabilitado para participar como tercero neutral en

cualquier proceso, posterior, judicial o arbitral, relacionado con la

desavenencia.

ARTÍCULO 17.- Daños y perjuicios

Quienes ejerciten la mediación o conciliación, profesionalmente o no,

serán responsables de los daños y perjuicios que sufran las partes del

acuerdo conciliatorio, cuando se hayan violado gravemente los principios

éticos que rigen la materia o se haya incurrido en conducta dolosa en daño

de una de las partes o de ambas.

CAPÍTULO III

DEL ARBITRAJE

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 18.- Arbitraje de controversias

Cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias

relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje,

tales controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, sin

perjuicio de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no

se oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley.

Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial,

presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas

en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y

sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes.

Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter

sus controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la

presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de la Ley General de la

Administración Pública.

ARTÍCULO 19.- Arbitraje de derecho

El arbitraje podrá ser de derecho o de equidad. Cuando no exista

acuerdo expreso al respecto, se presumirá que el arbitraje pactado por las

partes es de derecho.

ARTÍCULO 20.- Composición de tribunal

Para los arbitrajes de derecho, el tribunal estará compuesto,

exclusivamente, por abogados y resolverá las controversias con estricto

apego a la ley aplicable.

Si se tratare de un arbitraje de equidad, cualquier persona podrá

integrar el tribunal sin requerimiento alguno de oficio o profesión,

excepto los que las partes dispongan para este efecto. El tribunal

resolverá las controversias en conciencia "ex-aequo et bono", según los

conocimientos sobre la materia objeto del arbitraje y el sentido de la

equidad y la justicia de sus integrantes.

ARTÍCULO 21.- Sometimiento del conflicto

En el acuerdo arbitral, las partes podrán someter el conocimiento de

la controversia a las reglas, los procedimientos y las regulaciones de una

entidad en particular, dedicada a la administración de procesos

arbitrales.

Sin embargo, si las partes no desean someter el conflicto a una

persona dedicada a la administración de procesos arbitrales, el

procedimiento podrá llevarse a cabo por un tribunal arbitral ad-hoc,

constituido y organizado de conformidad con lo que las partes hayan

convenido al respecto o las disposiciones de esta ley, según corresponda.

ARTÍCULO 22.- Aplicación de ley

El tribunal arbitral aplicará la ley sustantiva que las partes hayan

seleccionado. Si las partes no lo hubieren hecho, el tribunal arbitral

aplicará la ley costarricense, incluyendo las normas sobre conflicto de

leyes.

En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las

estipulaciones del acuerdo arbitral y tendrá en cuenta, además, los usos

y las costumbres aplicables al caso, aun sobre normas escritas, si fuere

procedente.

ARTÍCULO 23.- Condiciones del acuerdo

El acuerdo arbitral no tendrá formalidad alguna, pero deberá constar

por escrito, como acuerdo autónomo o parte de un convenio. Para los

efectos de este artículo, se considera válido el acuerdo arbitral suscrito

por facsímil, telex o cualquier otro medio de comunicación similar.

Si las partes así lo hicieren constar expresamente, podrán establecer

los términos y las condiciones que regirán el arbitraje entre ellas, de

conformidad con esta ley. En caso de que no se establezcan reglas

específicas, se entenderá que las partes se someterán a las que escoja el

tribunal arbitral, con sujeción a la presente ley.

El acuerdo podrá ser complementado, modificado o revocado por

convenio entre las partes en cualquier momento. No obstante, en caso de

que decidan dejar sin efecto un proceso de arbitraje en trámite, deberán

asumir los costos correspondientes, de conformidad con esta ley.

SECCIÓN II

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

ARTÍCULO 24.- Número de árbitros del tribunal

Los tribunales arbitrales podrán ser unipersonales o colegiados; en

este último caso, deberán estar integrados por tres o más miembros,

siempre que sea un número impar. Si las partes no han convenido en el

número de árbitros el tribunal se integrará con tres.

ARTÍCULO 25.- Requisitos de los árbitros

Pueden ser árbitros todas las personas físicas que se encuentren en

pleno ejercicio de sus derechos civiles y no tengan nexo alguno con las

partes o sus apoderados y abogados.

Tratándose de arbitrajes de derecho, los árbitros deberán ser siempre

abogados y tener como mínimo cinco años de incorporados al Colegio de

Abogados.

Las personas jurídicas que administren institu-cionalmente procesos

de arbitraje, podrán designar su propia lista de árbitros de consciencia

y árbitros de derecho, los cuales deberán cumplir con los requisitos

establecidos en la presente ley.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, los órganos

jurisdiccionales no podrán ser investidos como árbitros de equidad ni de

derecho.

ARTÍCULO 26.- Tribunal unipersonal

Si ha de nombrarse un tribunal unipersonal, cada una de las partes

propondrá a la otra el nombre de una o más personas que puedan ejercer las

funciones de árbitro. Cuando alguien sea propuesto como árbitro, deberá

indicarse su nombre, domicilio y dirección exactos, nacionalidad; así como

una descripción de los méritos o las credenciales que posee para ser

nombrado árbitro en el caso concreto.

Si las partes no llegaren a un acuerdo sobre el nombramiento del

árbitro dentro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha en

que una de las partes hubiere requerido a la otra someter la controversia

a arbitraje, cualquiera de ellas podrá requerir el nombramiento del

árbitro a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, de la

lista que para ese efecto disponga la Corte Plena; al Colegio de Abogados

o cualquier entidad debidamente autorizada para administrar arbitrajes,

según las reglas de esa entidad. En caso de conflicto, la Secretaría

General de la Corte dentro de un plazo de ocho días, deberá nombrar al

árbitro, en riguroso turno de la lista que se llevará con ese propósito.

ARTÍCULO 27.- Nombramiento a cargo de un tercero

Cuando las partes acuerden que un tercero nombre al tribunal

arbitral, el nombramiento se hará dentro de los quince días siguientes a

la solicitud de las partes. Antes del nombramiento, el tercero designado

deberá informarse sobre la naturaleza de la controversia, para garantizar

la idoneidad de los árbitros por nombrar.

También deberá tomar las medidas necesarias para garantizar el

nombramiento de árbitros independientes e imparciales.

En caso de que el acuerdo arbitral disponga que un tercero nombre a

los árbitros y este no lo haga dentro del plazo de quince días contados a

partir de la fecha en que se le requirió el nombramiento, cualquiera de

las partes podrá pedir el nombramiento a la Secretaría General de la

Corte, al Colegio de Abogados o a cualquier entidad autorizada para

administrar procesos arbitrales.

ARTÍCULO 28.- Nombramiento de árbitros

Cuando deban nombrarse tres árbitros, cada una de las partes nombrará

a uno de ellos. Los árbitros así nombrados escogerán al tercer árbitro,

quien ejercerá las funciones de presidente del tribunal.

ARTÍCULO 29.- Plazos

Si dentro de los quince días siguientes al recibo de la notificación

en la que una parte nombra a un árbitro, la otra no hubiere notificado a

la primera la identidad del árbitro nombrado por ella, la primera parte

podrá solicitar a la Secretaría de la Corte, al Colegio de Abogados o a

una entidad autorizada para administrar arbitrajes, que nombre al segundo

árbitro.

Si dentro de los quince días siguientes al nombramiento del segundo

árbitro, no hubiere elección del árbitro presidente, este será nombrado

por la Sala Primera de la Corte, el Colegio de Abogados o una entidad

autorizada para administrar arbitrajes de la misma manera que se nombra a

un árbitro único, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 26.

ARTÍCULO 30.- Requerimiento a las partes

Cuando a un tercero se le solicite nombrar a los árbitros, la parte

que presente la solicitud deberá adjuntar una copia del requerimiento de

arbitraje hecho a la otra parte y una copia del acuerdo arbitral en el que

se funda el arbitraje. El tercero podrá solicitar a cualquiera de las

partes la información que considere necesaria para el desempeño de sus

funciones.

ARTÍCULO 31.- Causas de recusación

Son causas de recusación de un árbitro las mismas que rigen para los

jueces, así como la existencia de circunstancias que den lugar a dudas

justificadas respecto de su imparcialidad o independencia.

La persona propuesta o nombrada como árbitro deberá revelar por

escrito a las partes, de oficio o a requerimiento de estas, todas las

circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su

imparcialidad e independencia.

Una parte solamente podrá recusar al árbitro nombrado por ella, por

causas que haya conocido con posterioridad a su designación.

ARTÍCULO 32.- Instalación de tribunal

Los árbitros designados para integrar el tribunal deberán comunicar

a las partes su decisión de aceptar o rechazar el nombramiento. Una vez

aceptado el cargo por todos los integrantes del tribunal, este se

instalará inmediatamente y dispondrá el inicio del proceso; para ello

ordenará a la parte interesada, presentar su demanda en la forma dispuesta

en esta ley.

ARTÍCULO 33.- Proceso de recusación

Para recusar a un árbitro, la parte deberá comunicarlo dentro de los

ocho días siguientes al día en que fue notificada del nombramiento del

árbitro, o dentro de los ocho días siguientes al conocimiento de las

circunstancias mencionadas en el artículo 31.

El escrito de recusación se notificará a la otra parte, al árbitro

recusado y a los demás miembros del tribunal arbitral. La gestión de

recusación deberá ser motivada y, de ser necesario, se aportarán las

pruebas del caso.

Cuando un árbitro haya sido recusado por una parte la otra podrá

aceptar la recusación o el árbitro podrá renunciar al cargo. En ambos

casos se aplicará, íntegramente, el procedimiento previsto en los

artículos 26 y 27 para el nombramiento del árbitro sustituto, incluso si

durante el proceso de nombramiento del árbitro recusado, una de las partes

no ha ejercido su derecho al nombramiento o a participar en el

nombramiento.

ARTÍCULO 34.- Sustitución de árbitro por recusación

Si la otra parte no aceptare la recusación y el árbitro recusado no

renunciare, la decisión será tomada por el tribunal arbitral.

Si se acogiere la recusación, se designará a un árbitro sustituto, de

conformidad con el procedimiento aplicable al nombramiento o la elección

del árbitro recusado.

ARTÍCULO 35.- Sustitución de árbitro por otras causas

En caso de muerte, incapacidad o renuncia de un árbitro o impedimento

sobreviniente durante el proceso arbitral, se nombrará o elegirá a un

árbitro sustituto de conformidad con el procedimiento aplicable al

nombramiento o la elección del árbitro sustituido.

ARTÍCULO 36.- Sustitución de árbitro presidente

En caso de sustitución del árbitro presidente con arreglo a las

normas de la presente sección, se repetirán las audiencias celebradas con

anterioridad. Si se sustituyere a cualquier otro árbitro, quedará a

criterio del tribunal si se repiten esas audiencias.

SECCIÓN III

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL

ARTÍCULO 37.- Competencia

El tribunal arbitral tendrá competencia exclusiva para decidir sobre

las objeciones referentes a su propia competencia y sobre las objeciones

respecto de la existencia o validez del acuerdo arbitral.

Además, estará facultado para determinar la existencia o validez del

convenio del que forma parte una cláusula arbitral. Para los efectos de

este artículo, una cláusula arbitral que forme parte de un convenio y

disponga la celebración del arbitraje con arreglo a la presente ley, se

considerará un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del

convenio. La decisión del tribunal arbitral de que el convenio es nulo, no

implicará, necesariamente, la invalidez de la cláusula arbitral.

ARTÍCULO 38.- Facultades

La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser

opuesta, a más tardar, en la contestación a la demanda de arbitraje. Sin

embargo, el tribunal podrá declarar, de oficio, su propia incompetencia en

cualquier momento o resolver, si así lo considerare conveniente, cualquier

petición que una parte presente, aunque sea, en forma extemporánea.

El tribunal arbitral deberá decidir, como cuestión previa, las

objeciones relativas a su competencia. Sin embargo, mientras resuelve

sobre su competencia o sobre el recurso de apelación, que más adelante se

menciona, el tribunal, a su discreción, podrá continuar con las

actuaciones propias del proceso arbitral si resultaren indispensables,

urgentes o convenientes y no resultaren perjudiciales para las partes.

Sobre lo resuelto por el tribunal arbitral cabrá recurso de

revocatoria. Además, la parte disconforme podrá interponer directamente

ante el tribunal arbitral, dentro de los tres días siguientes a la

notificación y en forma fundada, un recurso de apelación que deberá ser

resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En este

caso, el tribunal arbitral decidirá sobre la admisibilidad del recurso y,

si fuere admisible, de inmediato remitirá a la Sala copias de las piezas

del expediente que considere necesaria para la correcta resolución del

recurso, sin perjuicio de que cualquiera de las partes o la propia Sala

pueda solicitar piezas adicionales.

Recibidas las copias del expediente o las piezas pertinentes, la Sala

resolverá el recurso sin trámite adicional alguno.

Contra lo resuelto por la Sala respecto de cuestiones de competencia

no cabrá recurso. Lo resuelto tampoco podrá ser motivo de recurso de

nulidad en contra del laudo.

SECCIÓN IV

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

ARTÍCULO 39.- Libre elección del procedimiento

Con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, las partes podrán

escoger libremente el procedimiento que regulará el proceso arbitral,

siempre que ese procedimiento respete los principios del debido proceso,

el derecho de defensa y el de contradicción. Mediante resolución fundada

y en cualquier etapa del proceso, el tribunal podrá modificar o ajustar

las normas sobre el procedimiento que hayan seleccionado las partes y que

no se ajusten a los principios indicados, con el objeto de propiciar un

equilibrio procesal entre las partes y la búsqueda de la verdad real.

A falta de acuerdo, el tribunal arbitral, con sujeción a la presente

ley, deberá dirigir el arbitraje guiado por los principios de

contradicción, oralidad, concentración e informalidad. También podrá

adoptar reglas o procedimientos existentes sobre arbitraje, utilizadas por

entidades dedicadas a la administración de procesos arbitrales, tanto

nacionales como internacionales, así como leyes o reglas modelo,

publicadas por entidades u organismos nacionales e internacionales.

De oficio o a petición de partes y durante cualquier etapa del

procedimiento, el tribunal celebrará las audiencias necesarias para

recibir y evaluar cualquier tipo de prueba o presentar alegatos orales. A

falta de tal petición, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse

audiencias o si las actuaciones se substanciarán únicamente sobre la base

de documentos y demás pruebas existentes.

Todos los escritos, documentos o informaciones que una parte

suministre al tribunal arbitral deberá comunicarlos, simultáneamente a la

otra parte.

Las normas procesales de la legislación costarricense integrarán, en

lo que resulte compatible, el procedimiento arbitral.

ARTÍCULO 40.- Lugar para la celebración del arbitraje

A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar donde ha de

celebrarse el arbitraje, este será determinado por el tribunal arbitral,

tomando en cuenta las circunstancias propias de la controversia y la

conveniencia de las partes.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y salvo

acuerdo en contrario el tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier sede

que estime apropiada para celebrar deliberaciones entre sus miembros,

recibir declaraciones de testigos, peritos o partes, examinar documentos,

lugares, mercancías u otros bienes o, simplemente, para determinar el

estado de las cosas. Las partes serán notificadas con suficiente

antelación, para permitirles asistir a las inspecciones respectivas.

El laudo se dictará en el lugar del arbitraje.

ARTÍCULO 41.- Idioma

El idioma del arbitraje será el español. Cualquier escrito o prueba

documental que se presente en otro idioma durante las actuaciones, irá

acompañado de la traducción.

ARTÍCULO 42.- Entrega de documentos

Para los fines de la presente ley, se considerará que toda

notificación, comunicación o propuesta ha sido recibida, si se entrega

personalmente al destinatario, se entrega en su residencia habitual o en

el lugar donde lleva a cabo sus actividades habituales, sean estas de

carácter laboral, empresarial, comercial, industrial o de cualquier otra

naturaleza, o si se envía a las partes, por facsímil o cualquier otro

medio de comunicación similar del que razonablemente puedan determinarse,

con certeza, la recepción de la comunicación y su fecha. La comunicación,

el requerimiento o la notificación se considerará recibida el día en que

haya sido recibida en alguna de las formas mencionadas.

En lo relativo a plazos o términos y su cómputo, regirán las normas

del Código Procesal Civil, salvo si las partes o el propio tribunal

disponen lo contrario.

ARTÍCULO 43.- Inicio del procedimiento arbitral

La parte que requiera someter a arbitraje una controversia deberá

informar tal circunstancia a la otra parte, por cualquier medio escrito.

Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha en

que una parte comunica a la otra, mediante un requrimiento, la solicitud

de someter la controversia a arbitraje.

El requerimiento de someter una controversia a arbitraje contendrá:

a) La petición de que la controversia se someta a arbitraje.

b) El nombre y la dirección de las partes.

c) Copia auténtica del acuerdo arbitral invocado.

d) Una referencia al contrato base a la controversia o del contrato

con el cual está relacionada, si fuere procedente.

e) Descripción general de la controversia que se desea someter al

arbitraje.

f) Una propuesta sobre el número de árbitros, cuando las partes no

hayan convenido antes en ello.

g) Señalamiento de oficina para atender notificaciones, en el lugar

del arbitraje.

h) Las propuestas relativas al nombramiento del tribunal arbitral

unipersonal, de acuerdo con el artículo 26.

i) La notificación relativa al nombramiento del árbitro, según el

artículo 28.

ARTÍCULO 44.- Prescripación de derecho a reclamo

Comunicado el requerimiento, se interrumpe la prescripción de

cualquier derecho a reclamo sobre el asunto que se pretende someter a

arbitraje.

ARTÍCULO 45.- Representación o asesoramiento a las partes

Las partes deberán estar representadas o asesoradas por abogados, a

quienes podrá otorgárseles un poder especial, en los mismos términos y

condiciones que rigen para un poder especial judicial.

ARTÍCULO 46.- Contenido del escrito de pretenciones

La parte deberá presentar, por escrito, sus pretensiones dentro del

término que corresponda, según lo hayan convenido las partes, lo disponga

el tribunal arbitral o lo establezcan las reglas sobre procedimiento

aplicables. El escrito deberá contener los siguientes datos:

a) El nombre completo, la razón o denominación social de las partes,

la dirección y las demás calidades.

b) Una relación de los hechos en que se basa la demanda.

c) Los puntos de la controversia sometida al arbitraje.

d) Las pretensiones.

e) Prueba por medio de la cual intenta probar los hechos o fundar sus

pretensiones. La prueba documental deberá acompañarse del escrito inicial

e incluir la que pueda obtenerse de registros u oficinas, públicas o

privadas; solamente quedará relevado de esta obligación si son documentos

que le resulten de obtención difícil o imposible.

ARTÍCULO 47.- Escrito de respuesta de la otra parte

Dentro del término convenido por las partes o, en ausencia de ellas,

dentro del que determine el tribunal arbitral, que en ningún caso podrá

ser menos de quince días, el demandado deberá contestar por escrito,

aceptando o negando cada uno de los hechos, aceptando o rechazando las

pretensiones formuladas por la otra parte y refiriéndose a las

disposiciones legales que sirven de fundamento. Además, deberá indicar la

prueba en que basa su contestación y adjuntar la documental, en los mismos

términos y condiciones que rigen para quien interpuso el arbitraje.

La contestación se referirá a los extremos b), c) y d) del escrito de

interposición del arbitraje.

ARTÍCULO 48.- Contenido de la contestación

En su contestación o en una etapa posterior, si el tribunal arbitral

decidiere que las circunstancias lo justifican, la parte también podrá

formular, en el mismo acuerdo arbitral, pretensiones fundadas, a las

cuales se aplicarán los mismos requisitos que rigen para la presentación

de las iniciales. Si el tribunal considerare oportunas las

contrapretensiones, conferirá a la otra parte un plazo no menor de quince

días, para que se refiera a ella en los mismos términos y las condiciones

establecidos en el artículo 47.

ARTÍCULO 49.- Otros escritos

El tribunal decidirá si es necesario o pertinente que las partes

presenten otros escritos, además de los indicados, y pondrá en

conocimiento de las partes la existencia de tales documentos.

ARTÍCULO 50.- Pruebas

Corresponde a cada parte la carga de la prueba de los hechos en que

fundamente sus pretensiones o defensas.

En cualquier momento, el tribunal podrá exigir, dentro del plazo que

determine, que las partes presenten documentos u otras pruebas.

ARTÍCULO 51.- Audiencias orales

De celebrarse una audiencia oral, el tribunal arbitral dará aviso a

las partes, al menos con quince días de antelación, sobre la fecha, el

lugar y la hora.

En caso de que el tribunal arbitral lo estime conveniente o si las

partes así lo hubieren acordado y pedido al tribunal por lo menos cinco

días antes de la audiencia, el tribunal arbitral gestionará los arreglos

necesarios para traducir las declaraciones de los testigos que no dominen

el español.

Las audiencias serán privadas, excepto que las partes acuerden lo

contrario. El tribunal podrá exigir el retiro de cualquier testigo durante

la declaración de otros. El tribunal es libre de decidir la forma de

interrogar a los testigos.

El tribunal determinará la admisibilidad, pertinencia e importancia

de las pruebas presentadas y grabará toda audiencia que realice o

utilizará cualquier medio que reproduzca razonablemente, el contenido de

la audiencia, para transcribirlos, posteriormente, al expediente

respectivo.

ARTÍCULO 52.- Medidas cautelares

En cualquier etapa del proceso, las partes pueden solicitar a la

autoridad judicial competente medidas cautelares. Además, de oficio o a

instancia de parte, el tribunal arbitral podrá pedir, a la autoridad

competente, las medidas cautelares que considere necesarias.

La solicitud de adopción de medidas cautelares dirigida a una

autoridad judicial, por cualquiera de las partes, no será considerada

incompatible con el proceso arbitral, ni como renuncia o revocación del

acuerdo arbitral.

ARTÍCULO 53.- Nombramiento de peritos

El tribunal podrá nombrar a uno o más peritos para que le informen,

por escrito, sobre las materias concretas que determine. El tribunal

fijará las atribuciones y los honorarios del perito y lo notificará a las

partes.

Una vez depositados los honorarios del perito ante el tribunal

arbitral, las partes suministrarán a aquel toda la información necesaria

y le presentarán, para su inspección, todos los documentos u objetos

pertinentes que el perito les solicite. Cualquier diferencia entre una

parte y el perito, acerca de la pertinencia de la información o

presentación requeridas, se remitirá a la decisión del tribunal.

Recibido el dictamen del perito, el tribunal entregará una copia a

las partes, a quienes ofrecerá la oportunidad de expresar, por escrito, su

opinión sobre el dictamen. Las partes tendrán el derecho de examinar

cualquier documento que el perito haya invocado en su dictamen.

Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las

partes, podrá interrogarse al perito en una audiencia oral, donde las

partes tendrán la oportunidad de estar presentes y de interrogarlo. En esa

audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar testigos peritos para

que, bajo juramento, presten declaración sobre los puntos controversiales.

A dichos procedimientos se les aplicarán las disposiciones del artículo

50.

ARTÍCULO 54.- Conclusión del procedimiento

Si, dentro del plazo que corresponda, el interesado no presentare sus

pretensiones, de acuerdo con el requisito establecido en el artículo 41 de

esta ley, el tribunal arbitral ordenará la conclusión del procedimiento.

Si, dentro del plazo que corresponda, una parte no hubiere dado

respuesta a las pretensiones de la otra sin invocar justificación

razonable, el tribunal arbitral ordenará continuar con el procedimiento.

Si alguna de las partes hubiere sido requerida para presentar

documentos, pero no lo hace dentro del plazo establecido, sin justificarlo

razonablemente, el tribunal deberá dictar el laudo con base en las pruebas

de que disponga.

ARTÍCULO 55.- Conclusión de etapa probatoria

Recibida la prueba y concluidas las audiencias, el tribunal declarará

concluida la etapa probatoria y conferirá a las partes un término común,

para que formulen sus conclusiones por escrito o fijará una audiencia para

que lo hagan oralmente. En ambos casos, el tribunal podrá formular las

preguntas que estime oportunas o pedir las aclaraciones que considere

pertinentes.

Si lo considerare necesario en razón de circunstancias excepcionales,

el tribunal arbitral podrá decidir, de oficio o a petición de parte, que

se reabran las audiencias, en cualquier momento antes de dictar el laudo.

ARTÍCULO 56.- Renuncia al derecho de objetar

Considérase que renuncia al derecho de objetar la parte que sigue

adelante con el arbitraje, a sabiendas de que no se ha cumplido alguna

disposición convenida o algún requisito de la presente ley, sin expresar

su objeción a tal incumplimiento dentro del término de diez días, contados

a partir del momento en que sepa de ese incumplimiento.

SECCIÓN V

LAUDO

ARTÍCULO 57.- Votación del tribunal

Todo laudo o decisión del tribunal se dictará por mayoría de votos.

Cuando, por cualquier razón, no se contare con mayoría, decidirá el

presidente del tribunal arbitral con su doble voto.

En lo referente a cuestiones de procedimiento, corresponderá al

presidente resolver, con amplia libertad, en única instancia y sin recurso

alguno.

ARTÍCULO 58.- Contenido del laudo

El laudo se dictará por escrito; será definitivo, vinculante para las

partes e inapelable, salvo el recurso de revisión. Una vez que el laudo se

haya dictado, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes

deberán cumplirlo sin demora.

El laudo contendrá la siguiente información:

a) Identificación de las partes.

b) Fecha y lugar en que fue dictado.

c) Descripción de la controversia sometida a arbitraje.

d) Relación de los hechos, que indique los demostrados y los no

demostrados que, a criterio del tribunal, resulten relevantes para lo

resuelto.

e) Pretensiones de las partes.

f) Lo resuelto por el tribunal respecto de las pretensiones y las

defensas aducidas por las partes.

g) Pronunciamiento sobre ambas costas del proceso.

h) Aunque las partes no lo hayan solicitado, el laudo debe contener

las pautas o normas necesarias y pertinentes para delimitar, facilitar y

orientar la ejecución.

El tribunal expondrá las razones en que se basa el laudo, salvo si

las partes han convenido, expresamente, en que este no sea motivado. Los

laudos arbitrales dictados en arbitrajes de derecho siempre deberán ser

motivados.

ARTÍCULO 59.- Firmas

El laudo será firmado por los árbitros. Cuando se trate de un

tribunal arbitral colegiado y alguno de los miembros no pueda firmar, se

indicará en el laudo el motivo de la ausencia de la firma, sin que ello

sea, necesariamente, causa de nulidad del laudo.

Si un árbitro decide salvar su voto, deberá consignarlo expresamente,

e indicar las razones en que lo fundamenta, en forma simultánea con la

suscripción del laudo de mayoría. El voto salvado debe motivarse. El

incumplimiento de este requisito no será motivo de nulidad y el laudo de

mayoría surtirá todos los efectos.

ARTÍCULO 60.- Laudo público

Una vez firme, el laudo será público excepto si las partes han

convenido lo contrario.

El tribunal arbitral notificará el laudo a las partes.

ARTÍCULO 61.- Protocolización del laudo

El tribunal o cualquiera de las partes podrá requerir la

protocolización del laudo, si lo considerare necesario.

ARTÍCULO 62.- Adiciones y correcciones

Las partes podrán pedir, dentro de los tres días siguientes a la

notificación, adiciones o aclaraciones al laudo o la corrección de errores

en el texto. Si procediere, los árbitros deberán adicionar, aclarar o

corregir los errores, dentro de los diez días siguientes a la presentación

de la solicitud. La falta de pronunciamiento del tribunal dentro del plazo

indicado, hará presumir la improcedencia de lo que se solicita.

ARTÍCULO 63.- Procesos de solución de conflictos

Si, antes de dictarse el laudo, las partes decidieren acudir a una

mediación, conciliación, transacción u otro proceso de solución de

conflictos, el tribunal dictará una resolución que suspenda el

procedimiento. Si de la mediación, conciliación, transacción u otro

proceso de solución de conflictos resultare un acuerdo total o parcial, el

tribunal lo registrará en forma de laudo, en los términos convenidos por

las partes. Si de este no resultare acuerdo alguno, las partes entregarán

al tribunal constancia de haber acudido a otra instancia, para que dicte

una resolución de continuación del procedimiento.

Si, en cualquier etapa del proceso, se hiciere innecesaria o

imposible continuar el procedimiento, por cualquier razón no mencionada en

el primer párrafo del presente artículo, el tribunal comunicará a las

partes su propósito de dictar una resolución que concluya el

procedimiento. El tribunal arbitral estará facultado para dictar esa

resolución, excepto que alguna de las partes se oponga a ello, con razones

fundadas a criterio del tribunal.

El tribunal arbitral notificará a las partes la resolución que

concluye el procedimiento o el laudo arbitral, según los términos

convenidos por las partes en la mediación, conciliación o transacción. En

ambos casos, la resolución que ponga fin al procedimiento arbitral será

firmada por los árbitros.

SECCIÓN VI

RECURSOS CONTRA EL LAUDO

ARTÍCULO 64.- Recursos

Contra el laudo dictado en un proceso arbitral, solamente podrán

interponerse recursos de nulidad y de revisión. El derecho de interponer

los recursos es irrenunciable.

El recurso de nulidad se aplicará según los artículos 65, siguientes

y concordantes de la presente ley. El recurso de revisión se aplicará de

acuerdo con el Código Procesal Civil.

ARTÍCULO 65.- Recurso de nulidad

El recurso de nulidad deberá interponerse ante la Sala Primera de la

Corte Suprema de Justicia, por las causales establecidas en el artículo 67

de la presente ley, dentro de los quince días siguientes a la notificación

del laudo o la resolución que aclare o adicione la resolución. Este

recurso no estará sujeto a formalidad alguna, pero deberá indicar la causa

de nulidad en que se funda.

ARTÍCULO 66.- Requisición del expediente

Interpuesto el recurso, la Sala requerirá el expediente al Presidente

del tribunal arbitral si fuere colegiado, o al árbitro que dictó el laudo

en caso de que sea unipersonal. Una vez recibido el expediente, la Sala

procederá a resolverlo en cuanto a su admisibilidad y al fondo, sin

dilación ni trámite alguno.

La interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento del laudo.

ARTÍCULO 67.- Nulidad del laudo

Únicamente podrá ser declarado nulo el laudo cuando:

a) Haya sido dictado fuera del plazo, salvo si las partes lo han

ampliado.

b) Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos al

arbitraje, sin cuya resolución resulte imposible la eficacia y validez de

lo resuelto.

c) Se haya resuelto sobre asuntos no sometidos a arbitraje; la

nulidad se decretará en cuanto a los puntos resueltos que no habían sido

sometidos al arbitraje, y se preservará lo resuelto, si fuere posible.

d) La controversia resuelta no era susceptible de someterse a

arbitraje.

e) Se haya violado el principio del debido proceso.

f) Se haya resuelto en contra de normas imperativas o de orden

público.

g) El tribunal carecía de competencia para resolver la controversia.

SECCIÓN VII

HONORARIOS

ARTÍCULO 68.- Remuneración

Salvo si los árbitros aceptan hacerlo en forma gratuita o si las

reglas que rigen para el proceso arbitral contienen disposiciones

específicas, se remunerará a los árbitros de la siguiente manera:

a) Si el tribunal fuere unipersonal, se remunerará con un porcentaje

del monto estimado de la controversia equivalente a un diez por ciento

(10%) sobre el primer millón de colones; un cinco por ciento (5%) sobre el

exceso de un millón y hasta cinco millones de colones; un dos y medio por

ciento (2,5%) sobre el exceso de cinco millones y hasta diez millones de

colones; un uno por ciento (1%) sobre el exceso de diez millones de

colones y hasta cien millones de colones; un cuarto por ciento (0,25%)

sobre el exceso de cien millones de colones.

b) Si el tribunal fuere pluripersonal, los honorarios de los árbitros

equivaldrán al doble de los indicados en el inciso anterior y se

repartirán entre los jueces por partes iguales.

ARTÍCULO 69.- Forma de pago

Excepto si se decreta especial condenatoria en costas, los honorarios

de los árbitros serán pagados, en montos iguales, por las partes del

proceso. Se pagarán una vez dictado el laudo arbitral.

ARTÍCULO 70.- Aceptación de nombramiento

Los árbitros designados podrán condicionar la aceptación de su

nombramiento al otorgamiento de garantías de pago de los honorarios.

CAPÍTULO IV

MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 71.- Constitución y organización de entidadades

Podrán constituirse y organizarse entidades dedicadas a la

administración institucional de procesos de mediación, conciliación o

arbitraje, a título oneroso o gratuito.

ARTÍCULO 72.- Autorizaciones

Para poder dedicarse a la administración institucional de los

mecanismos alternos de solución de conflictos, las entidades deberán

contar con una autorización previa del Ministerio de Justicia, salvo si

estuvieren autorizadas por una ley especial o si se tratare de la

conciliación, mediación o arbitraje laboral que tiene, en la regulación

nacional, normas especiales vigentes. El Ministerio tendrá la potestad de

otorgar la autorización correspondiente, después de verificar la

existencia de regulaciones apropiadas, recursos humanos e infraestructura

adecuados, y demás elementos propios para el funcionamiento de un centro

de esa naturaleza. Para tal efecto, el Ministerio establecerá, vía

reglamento, las disposiciones de carácter general que regularán los

requisitos, la autorización, así como su revocación, para las entidades

interesadas en brindar el servicio de administración de mecanismos

alternos de solución de conflictos.

El Ministerio tiene la potestad de controlar el funcionamiento de los

centros. Además, podrá revocar la autorización, mediante resolución

razonada y previo cumplimiento del debido proceso.

ARTÍCULO 73.- Regulación de los centros

Las regulaciones de los centros deben estar a disposición del público

y contener, por lo menos, la lista de mediadores, conciliadores, árbitros

o facilitadores, así como las tarifas, los honorarios y gastos

administrativos y las reglas propias del proceso.

Las entidades que operan con fines de lucro deben mantener a

disposición del público, además de lo indicado, la información sobre otros

rubros que se establezcan vía reglamento. Estas entidades podrán

condicionar su servicio al otorgamiento de garantías razonables, las

cuales serán establecidas en el reglamento de la presente ley.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 74.- Reformas del Código Procesal Civil

Refórmase el inciso 5) del artículo 298 y se adiciona al artículo 314

del Código Procesal Civil, un párrafo final. Los textos dirán:

"Artículo 298.-

[...]

5.- El acuerdo arbitral.

[...]"

"Artículo 314.-

[...]

Potestativamente, en cualquier etapa de un proceso judicial, el juez

o tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. El conciliador

podrá ser el mismo juez o un juez conciliador nombrado para el caso

concreto."

ARTÍCULO 75.- Derogación de artículos del Código Procesal Civil

Deróganse los artículos del 76 al 78 y del 507 al 529 del Código

Procesal Civil, ambos inclusive.

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Justicia deberá reglamentar lo
correspondiente al capítulo IV de esta ley, dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

TRANSITORIO II.- Las entidades que provean el servicio de
conciliación, mediación, arbitraje u otro mecanismo alternativo de
solución de disputas a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán
ajustar sus regulaciones y procedimientos a los que establezca el
Ministerio de Justicia, dentro de los tres meses siguientes a la entrada
en vigencia del reglamento mencionado en el transitorio primero de esta
ley.
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente transitorio las oficinas
de conciliación que sean parte del Poder Judicial y cuya regulación estará
a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Rige desde su publicación.